La
reforma laboral aprobada en febrero de 2012 por el Gobierno del PP hace
la número 52 desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores. Esta
y anteriores reformas se han justificado con la idea de que la elevada
tasa de desempleo española se explica por la existencia de “rigidices
institucionales” en el mercado trabajo. Este argumento, repetido por
políticos y economistas, obvia que las razones del desempleo obedecen a
factores estructurales y cíclicos (un 55% de la caída de los ocupados
entre 2007 y 2011 procedió la construcción). Los análisis empíricos
prueban que, a escala estatal e internacional, existe una relación
estrecha entre la estructura productiva y el paro, pero no entre este
último y los “factores institucionales” (convenios colectivos,
protección al empleo y al desempleo).
Los argumentos específicos que sirvieron de apoyo para esta última reforma laboral se pueden clasificar en tres:
1) La dualidad en el mercado laboral,
entre temporales e indefinidos. Este argumento, recuperado últimamente
incluso desde ámbitos supuestamente progresistas, trata de dividir los
intereses de los trabajadores entre indefinidos, temporales y parados,
basándose en la promesa nunca cumplida de que la “igualación a la baja”
de las condiciones laborales permitirá disminuir la precariedad. Sin
embargo, la reforma introduce precisamente mayor segmentación, al
introducir el llamado contrato para emprendedores para jóvenes y con despido sin indemnización durante un año. La reforma no ha reducido la tasa temporalidad (constante en el 24% durante 2012) y ha disminuido la seguridad en el empleo de los indefinidos.
2) La supuesta falta de flexibilidad salarial,
que hace que el mercado laboral se ajuste en cantidades (empleo) y no
en precios (salarios). En la medida que la reforma laboral resta poder
de negociación colectiva a los trabajadores (por ejemplo, fin de la
ultraactividad de los convenios) estaría facilitando el ajuste salarial,
que supuestamente impediría pérdidas de empleo. El error en este
razonamiento es considerar el mercado de trabajo como algo estanco y el
salario como un precio más. En las economías reales, la fijación de
precios se lleva a cabo en competencia imperfecta: las empresas fijan
precios con un margen (beneficio) sobre el coste laboral unitario. Esto
provoca que, ante una caída de los salarios (y la menor demanda de los
trabajadores), si los empresarios no ven realizados ingresos y
beneficios adicionales, retraigan su inversión. Y eso se traduce,
lógicamente, en caída de la contratación y/o despidos,.. como hemos
visto en el último año.
3) El tercer argumento, en apariencia más sofisticado, es el más débil: se trata de la llamada devaluación interna.
Como tras la entrada en el euro los costes laborales unitarios
nominales españoles se incrementaron frente a la Eurozona, se mantiene
que es necesaria una reducción salarial que mejore la competitividad y
aumente las exportaciones. Convenientemente, no se dice que la causa del
proceso descrito fue el incremento de precios y márgenes de beneficio, y
no de salarios reales, que de hecho se redujeron. En cualquier caso, la
reforma laboral contribuiría a esta devaluación interna. Lo cierto es
que no existe mucha literatura académica sobre devaluación interna,
y la existente pone en cuestión su efectividad. El problema radica en
que se confunde devaluación del tipo de cambio con devaluación interna:
mientras la primera supone un incremento de la exportación, la renta y
el empleo en términos netos, la segunda, basada en la caída salarial,
tendría que compensar el efecto contractivo de la demanda interna con
una mejora de las exportaciones, que siempre sería limitada, con lo que
el efecto neto es una reducción de la actividad y del empleo.
Una vez analizados los argumentos falaces
en que se basan los defensores de la reforma laboral se entiende que
esta haya puesto en marcha una espiral contractiva infernal.
Desgraciadamente, los datos disponibles lo verifican:
1) El número de trabajadores afectados por ERE autorizados
se ha incrementado entre marzo y octubre hasta los 313.011 (205.097 en
el mismo período de 2011 ó 179.412 en 2010). Los ERE extintivos
(despidos) han alcanzado en 2012 el nivel máximo desde el inicio de la
crisis (50.753 trabajadores afectados). Los ERE suspensivos o temporales
y de reducción de jornada también se han disparado (crecieron más de un
60% entre marzo y octubre de 2012 respecto al mismo período de 2011), y
tienen elevada probabilidad de transformarse en extintivos a partir de
2014, al estar bonificados para los empresarios hasta diciembre de 2013.
2) Los ocupados
se redujeron en los tres primeros trimestres de 2012 en 487.000
personas (cayeron un 4,6% anual en el tercer trimestre de 2012 frente al
2,1% de 2011), 342.000 personas en el sector privado y de 144.000 en
el público. El paro
aumentó hasta 6,157 millones en noviembre de 2012 (un 26,6% de tasa de
paro); el incremento del número de parados desde la reforma es de
670.000.
3) El ratio entre la caída del empleo y
la caída del PIB se ha elevado respecto a otras recesiones: en 2009
(hasta ahora el año de mayor recesión de la crisis), por cada punto de
caída del PIB el empleo se redujo 1,8 puntos, mientras que en 2012 la
destrucción de empleo era justamente el doble: 3,6 puntos. Este último
dato echa por tierra el argumento de los defensores de la reforma
laboral como mecanismo para reducir la volatilidad y la caída del empleo
en las recesiones.
4) La reforma laboral ha empujado los salarios a la baja: en 2012 el coste laboral por trabajador disminuyó en términos reales un 3,5% anual.
5) La caída del empleo y de los salarios ha reducido la renta disponible de los trabajadores, que disminuyó un 5,0% en términos reales en 2012, la caída más elevada desde el inicio de la crisis.
Por tanto, es evidente, que la reforma
laboral, pese a los mandarines neoliberales, sólo ha servido para
profundizar la espiral contractiva “helénica” de la economía española.
